Tribunales ambientales en “suspenso” tras informe de la Corte Suprema


El 10 de septiembre un informe firmado por Milton Juica, Presidente de la Corte Suprema en representación del pleno del Tribunal, calificó como desfavorable el proyecto de ley que crea el tribunal ambiental en el país.

Las bases para la nueva institucionalidad ambiental ingresaron en noviembre de 2009 al Congreso y, en una primera instancia, la opinión que se le solicita a la Corte Suprema -como se realiza con todos los proyectos de ley- fue favorable. Pero en vista de las múltiples modificaciones que sufrió en el parlamento, se hizo necesaria una segunda revisión. Ahí la postura de la máxima judicatura del país resultó drástica.

El 10 de septiembre un informe firmado por Milton Juica, Presidente de la Corte Suprema en representación del pleno del Tribunal, calificó como desfavorable el proyecto de ley que crea el tribunal ambiental en el país. Pese a que el artículo 1º del proyecto le asigna a la Corte Suprema la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales ambientales, el hecho de que estos no formen parte del Poder Judicial, sino que estén al alero del Ministerio del Medio Ambiente “convierte ese control en una norma más efectista que real”. Además, indican, sentencia que esa autonomía provoca como resultado “únicamente un debilitamiento de la judicatura”.

Rango de ministros

El documento que se aloja en la página web del Poder Judicial y cuyo resultado fue derivado a la senadora Soledad Alvear, presidenta de la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y al Poder Ejecutivo, cuestiona el rango de “ministros” con que se identifica a los miembros del futuro tribunal. Destacando, además, que esta dignidad sólo esta reservada para los integrantes de tribunales superiores, naturaleza que a juicio de la Corte Suprema, no tienen los tribunales ambientales. Pero esto no es todo. Se pone en entredicho la remuneración de los “ministros”, puesto que ésta sería superior a la de un Ministro de la Corte de Apelaciones.

Para el abogado ambiental de la Universidad Andrés Bello, Jorge Luis Varela, estas opiniones de la Corte Suprema representan “muchas cosas que el Poder Judicial quisiera tener por ley y los tribunales ambientales lo tienen desde su origen. La Corte ha presionado muchos años por tener beneficios, sin haberlo logrado”. En todo caso, aclara que la idea es nivelar hacia arriba por lo que “yo soy partidario de que los tribunales ambientales mantengan todas sus necesidades bien atendidas y que sea el Poder Judicial el que mejore las condiciones”.

De hecho, en el tercer visto del informe y con claros visos de ironía, el documento señala en relación a los recursos disponibles para el funcionamiento del nuevo organismo que “esta Corte Suprema sólo observa con sorpresa que los Tribunales Ambientales obtienen en la ley que los crea, lo que los tribunales ordinarios de justicia que forman parte del Poder Judicial, no han logrado en toda su existencia”.

Detrás del mensaje de rechazo también va implícita una muestra de independencia del Poder Judicial en relación a los otros poderes del Estado. El hecho de que los tribunales ambientales sean creados por el Ministerio del Medio Ambiente prende las alarmas entre los ministros de la Corte Suprema, pues se puede interpretar que un tribunal especializado como el ambiental pueda ser foco de presiones políticas, empresariales o de cualquier índole, quedando supeditado a que en un momento determinado puedan carecer del financiamiento adecuado porque el Ejecutivo se los niegue.

¿Administrativo o jurisdiccional?

Jorge Luis Varela

Pero claramente la discusión de fondo más relevante en el informe está en el artículo noveno, que fue el que finalmente terminó por calificar como desfavorable el proyecto. Ahí se señala que la nueva instancia judicial debiera obtener la calificación de órgano administrativo, ya que según la Corte Suprema no responde a los estándares mínimos para denominarlos como tribunales. En ese sentido, propone eliminar el concepto “tribunal” de los preceptos que la emplean.

Del pleno de la Corte Suprema, cuatro ministros rechazaron el referido artículo noveno, mientras que los 15 restantes se manifestaron de acuerdo. Para el abogado Varela, este apartado del informe carece de sustento técnico puesto que “los tribunales ambientales vendrían a reemplazar al recurso de protección en materia ambiental. Ellos ejercerían funciones jurisdiccionales judiciales propiamente tales, ya que son tribunales especiales, como los de aduanas, los militares, por la especialización que reclaman. No son tribunales creados por una ley de derecho administrativo, sino que ejercen jurisdicción judicial especializada”, afirma.

El paso que viene es que el Congreso debiera tomar en cuenta las apreciaciones de la Corte Suprema y realizar indicaciones al proyecto, porque pese a que el informe del máximo tribunal del país no es vinculante, tampoco será sano para la institucionalidad ambiental darle luz verde con el evidente rechazo de uno de los tres poderes del Estado.

Patricio Ojeda González

pojeda@unab.cl

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