Medioambiente, rehén del empleo y la productividad


Con el argumento de la creación de empleos (que son indispensables sin duda) o de la necesidad de asegurar el suministro energético, empresas de diferentes tamaños están obteniendo las autorización para empezar a “operar”, al parecer con el convencimiento (avalado por hechos), de que las autoridades ambientales correspondientes no tendrán los argumentos técnicos ni el respaldo político, para detener alguna actividades productivas generadoras de empleos o de energía.

Años atrás los chilenos supimos de los enormes daños (sociales y económicos) que la paralización de la Planta Valdivia de Celulosa Arauco generaría en la Región de los Ríos. Mientras que sobre los daños y/o resguardos ambientales, solo se mencionaban un par de argumentos secundarios. El caso del proyecto minero Pascua Lama, de la Empresa Barrick, es similar. Se informó a la opinión pública que con alta tecnología se desplazarían de su localización natural unos “pequeños glaciares” para posibilitar la explotación de un yacimiento de oro. Cosa científica y técnicamente imposible de hacer sin dañarlos, y que finalmente, no se materializó.

Pero a los glaciares no se les liberó de ser dañados por las obras ya emprendidas por la empresa. La explotación minera comenzó al lograr, de manera por lo menos poco transparente, la autorización ambiental para hacerlo. Esto reforzado evidentemente con el infalible argumento de los empleos que se generarían gracias a la ejecución del proyecto.

Ahora es el momento de la Central Termoeléctrica Barrancones, la que por el momento no se construirá a la espera de una nueva ubicación. Sin embargo, inquieta el hecho de que ello haya dependido de la decisión de una sola persona, en este caso del Presidente de la República. Es inconveniente que como sociedad no tengamos la posibilidad de participar en decisiones que pueden afectar de manera significativa e irreversible el patrimonio ambiental y cultural que tenemos. En la mayor parte de los casos dependemos, casi exclusivamente de una legislación ambiental en extremo permisiva y elaborada e interpretada por funcionarios públicos o de confianza no suficientemente calificados y que reciben presiones para fomentar el empleo y el crecimiento económico del país.

Peor aún, tampoco podemos confiar en que las empresas operadoras cumplan cabalmente con las “exigencias ambientales” que se les imponen, vista la escasa capacidad de fiscalización que voluntariamente o no posee nuestro aparato estatal. Basta recordar el lamentable caso de los 33 mineros atrapados, por varios meses por trabajar en paupérrimas condiciones de seguridad, ello a sabiendas de las instituciones responsables de fiscalizarlas.

Los que trabajamos en universidades podemos “instalar” estos temas para discutir con nuestros estudiantes, colegas y red de contactos académicos, pero lamentablemente los resultados de nuestras acciones de compartir y desarrollar conciencia ambiental, serán a mediano y largo plazo, cuando quizás los daños ambientales ya se hayan materializado.

No se trata de frenar el crecimiento económico a causa de un ambientalismo extremo, sino de unir fuerzas para hacer valer nuestras opiniones. Se habla de participación ciudadana en la toma de decisiones, pero tanto de parte de los “ciudadanos” (por apatía, desinformación, temor, etc.) como de parte de sus “representantes” no se observa que esa opinión sea escuchada.

Víctor Leiva Romero
Geógrafo y Director Escuela Ecoturismo
U. Andrés Bello